El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de
Justicia Gratuita que amplía los colectivos que pueden beneficiarse de
este servicio sin acreditar la insuficiencia de medios como las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o discapacitados.
Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio. En términos generales, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33) y en las familias de cuatro o más miembros la referencia pasa a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros).
Cuando se den circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de aquellos procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos por la justicia gratuita. El límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).
Finalmente, se han ampliado los colectivos beneficiarios independientemente de sus niveles de renta. Podrán acogerse a la justicia gratuita los más vulnerables como las víctimas de violencia género, terrorismo, trata de seres humanos y discapacitados, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.
También serán beneficiarias las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Asimismo, los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en la primera instancia del orden social.
La nueva norma sustituirá a la ley vigente de 1996 el texto garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución asegurando la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El anteproyecto supone "un auténtico impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita", nuevos recursos que posibilitan ampliar
Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio. En términos generales, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33) y en las familias de cuatro o más miembros la referencia pasa a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros).
Cuando se den circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de aquellos procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos por la justicia gratuita. El límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).
Finalmente, se han ampliado los colectivos beneficiarios independientemente de sus niveles de renta. Podrán acogerse a la justicia gratuita los más vulnerables como las víctimas de violencia género, terrorismo, trata de seres humanos y discapacitados, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.
También serán beneficiarias las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Asimismo, los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en la primera instancia del orden social.
La nueva norma sustituirá a la ley vigente de 1996 el texto garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución asegurando la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El anteproyecto supone "un auténtico impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita", nuevos recursos que posibilitan ampliar
No hay comentarios:
Publicar un comentario